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La Policía de Brasil continúa investigando los hechos que provocaron la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que falleció a mediados de junio mientras practicaba rope jumping. La tragedia ocurrió cuando fue arrojada desde un puente de 40 metros de altura sin las medidas de seguridad adecuadas.
Una de las recientes revelaciones del caso está relacionada con la cámara GoPro que María Eduarda llevaba consigo al momento del salto, visible en videos mientras la sostenía con su mano derecha. Tras la caída, la cámara desapareció y un testigo afirmó que uno de los instructores se la había llevado.
Este miércoles, medios brasileños informaron que João Antônio Pivetta Ribeiro da Silva, de 35 años, fue quien retiró la cámara de las manos de la joven, según consta en la orden de detención emitida por la Justicia.
João Antônio es uno de los tres nuevos sospechosos detenidos durante el último fin de semana, junto con Evelyne dos Santos Gonçalves, de 43 años, identificada como la líder del grupo que organizó los saltos, y Gabriel Barros Martins, de 30 años. Permanecerán en prisión preventiva por cinco días, aunque la Policía Civil solicitó al juzgado ampliar ese plazo a 30 días, hasta la conclusión de la investigación.
Estos se suman a otros tres detenidos desde el inicio del caso: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27, instructores de paracaidismo acusados de homicidio involuntario con dolo y sujetos a prisión preventiva.
Según informó el portal Metrópoles, los instructores negaron haber retirado intencionalmente la cámara GoPro que usaba María Eduarda, aunque varios testigos afirmaron haber visto a alguien quitándole el dispositivo.
El informe policial indica que, tras analizar los testimonios, se intensificaron las pesquisas sobre la desaparición de la cámara, detectándose la vinculación de dos personas más relacionadas con los organizadores del evento. No obstante, la cámara aún no ha sido localizada.
La investigación apunta a la posible eliminación de contenido digital que podría ser «potencialmente relevante para la resolución del caso», lo que motivó la solicitud de órdenes de arresto, así como de registro e incautación.
La Secretaría de Seguridad Pública confirmó en un comunicado que, además de las detenciones provisionales, el tribunal autorizó registros domiciliarios para incautar teléfonos celulares, equipos electrónicos y otros materiales relacionados con la causa.
Las seis personas detenidas formaban parte de un grupo que ofrecía saltos desde el Puente Esqueleto, con alturas de 40 metros y precios de hasta 180 reales. Según la policía, la actividad era promovida por grupos informales, sin ninguna empresa formalmente constituida que respondiera por la operación.
Tras la repercusión mediática, los perfiles vinculados a los organizadores fueron eliminados de las redes sociales. Por último, el oficial a cargo del caso señaló que los sospechosos declararon no recordar quién era responsable de conectar la cuerda de seguridad ni por qué no se realizó la última verificación antes del salto.
