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El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este miércoles una serie de nuevas medidas para determinar si la versión de Manuel Adorni sobre la tenencia de bitcoins, como principal explicación del incremento patrimonial declarado, se corresponde con los registros financieros oficiales. En ese marco, solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la elaboración de un informe histórico sobre el mercado de activos virtuales en Argentina desde 2012 hasta la actualidad.
Una de las principales dudas surgidas a partir de la declaración jurada del período fiscal 2025, y la documentación adjunta, es si la tenencia de bitcoins constituye una coartada para justificar un patrimonio declarado de 944 millones de pesos.
En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía concentró las nuevas medidas en la investigación de los criptoactivos. Inicialmente, Adorni había declarado para el período fiscal 2024 un patrimonio, en el país y en el exterior, equivalente a unos 24.000 dólares según el tipo de cambio oficial de esa fecha. Sin embargo, presentó posteriormente una rectificación formal ante el fisco en la que admitió poseer 513.000 dólares.
Para justificar el origen de esa suma, Adorni explicó que 300.000 dólares correspondían a ganancias netas obtenidas por inversiones en bitcoins y otras criptomonedas entre 2013 y 2018, respaldadas por sus 25 años de trayectoria en el sector privado. Estas supuestas operaciones, realizadas hace varios años, habrían tenido lugar en plataformas y billeteras virtuales que en ese momento no reportaban información ni eran supervisadas conforme a las normativas fiscales vigentes en Argentina.
Por este motivo, Pollicita solicitó a la CNV que, en un plazo de 72 horas, informe sobre:
– El listado detallado, año por año, de personas jurídicas, sociedades, plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y servicios de compraventa de activos virtuales que hayan operado en el país o dirigido sus servicios al mercado argentino desde 2012 hasta la actualidad. Este listado debe incluir la razón social, denominación comercial, estado actual de cada entidad y la fuente de información utilizada (antecedentes regulatorios, informes internos, bases públicas, entre otros).
– El marco normativo vigente y los antecedentes regulatorios aplicables al sector en ese período.
– Si existió un registro formal de prestadores durante todo el período o si la información histórica debe reconstruirse a partir de fuentes institucionales o públicas alternativas.
El objetivo, según fuentes judiciales citadas por Clarín, es contar con el contexto técnico y regulatorio necesario para analizar las operaciones con criptoactivos atribuidas a los investigados.
En las declaraciones juradas de Adorni, hay dos cifras que fueron eliminadas pese a haber sido declaradas: en 2023, su patrimonio era de 61.018.251 pesos y en 2024, de 107.894.811 pesos. Ninguno de estos montos figura actualmente en los documentos registrados ante la Oficina Anticorrupción.
Tras la rectificación, la base declarada al inicio del período fiscal más reciente es de 622.646.892 pesos aproximadamente, y el patrimonio final declarado para el período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025 asciende a 944.575.052 pesos.
Según Adorni, esta cifra se explica principalmente por las inversiones en bitcoins realizadas junto a su esposa, Bettina Angeletti, entre 2014 y 2018, antes de ocupar cargos públicos. Sin embargo, la justicia tiene tres interrogantes puntuales al respecto.
Primero, el origen de los 200.000 dólares que habría invertido en criptomonedas no está claro ni documentado. Hasta el momento, no se registra ningún movimiento o evidencia que justifique la obtención de esas divisas. Una fuente judicial señaló a Clarín que no basta con declarar la cifra en la declaración jurada, sino que debe sustentarse su origen lícito.
En segundo lugar, la cifra de 513.000 dólares declarada como resultado de la “venta de activos” —es decir, la venta de bitcoins— carece de documentación que acredite que Adorni fue el titular real de esas criptomonedas. Hasta ahora no existen respaldos que lo comprueben, añadieron fuentes cercanas al caso.
Este aspecto podría aclararse si en la declaración reservada aporta la información complementaria requerida, ya que hasta el momento no hay documentación que respalde la titularidad ni detalles precisos sobre los bitcoins involucrados.
Por último, la tercera duda se relaciona con la cantidad exacta de bitcoins y cómo se traduce ese monto en dólares. De acuerdo con cálculos realizados en Comodoro Py, la cantidad de criptomonedas declaradas equivaldría a un valor muy superior a 513.000 dólares, alcanzando cifras en millones de dólares, lo que genera discrepancias significativas con lo declarado, según indicaron fuentes judiciales a Clarín.
