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Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia habían entrado en un proceso de deterioro significativo. Hace apenas cinco meses, el presidente Donald Trump amenazó con una acción militar contra el país sudamericano, calificando a su entonces mandatario de izquierda como «un enfermo» y acusándolo de «dirigir fábricas de cocaína». Esta situación puso en riesgo una alianza histórica de décadas con el tercer país más poblado de América Latina, un actor clave en la guerra antidrogas impulsada por Washington.
Sin embargo, la reciente elección presidencial del domingo en Colombia cambió el panorama. La aparente victoria de Abelardo De La Espriella, un político de derecha ajeno al sistema tradicional y respaldado por Trump, que ha prometido combatir a los grupos narcotraficantes con fuerza militar, ha colocado nuevamente a Colombia en el centro del favor estadounidense.
Este triunfo, que forma parte de una ola de resurgimiento conservador y rechazo a los gobiernos de izquierda en la región, otorga a Trump un aliado clave para expandir la influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Una vez más, queda demostrado que el apoyo de un presidente estadounidense en elecciones latinoamericanas puede impulsar movimientos populistas en una región marcada por décadas de intervenciones de Washington y afectada por la violencia ligada al narcotráfico.
De La Espriella, cuya presidencia podría implicar una mayor participación militar estadounidense en la lucha contra los cárteles en Colombia —el mayor productor mundial de cocaína—, ha mantenido la defensa de la soberanía nacional, descartando incursiones militares directas de Estados Unidos, pero respaldando un mayor intercambio de inteligencia y apoyo operativo. Esta postura ha sido aplaudida por numerosos colombianos que se sienten desilusionados por la inseguridad actual, aunque genera preocupación entre críticos que temen un enfoque exclusivamente militar aumente el derramamiento de sangre sin afectar sustancialmente el flujo de drogas.
El presidente saliente, Gustavo Petro, de tendencia izquierdista, había mantenido una postura confrontativa con Trump, en contraste con varios de sus homólogos sudamericanos que se alinearon con Estados Unidos. En paralelo, Washington reforzó su influencia en la región: tras derrocar al expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero, realizó operaciones militares conjuntas para abatir a líderes de bandas transnacionales y extendió la lucha antidrogas a Ecuador y Bolivia, países clave en las rutas del narcotráfico.
Según Bernie Moreno, senador republicano de Ohio y colombiano de nacimiento, De La Espriella «probablemente terminará siendo el mejor socio para Estados Unidos en América Latina». Trump celebró su victoria en la red social Truth Social con el mensaje: «¡Ganó, y por mucho!».
Siguiendo el ejemplo de El Salvador, De La Espriella ha anunciado la construcción de megaprisiones en zonas remotas y ha exigido un ataque militar total contra los grupos narcotraficantes, generando inquietudes sobre posibles restricciones a las libertades civiles y víctimas colaterales. En su discurso de victoria afirmó: “No hay libertad sin seguridad. No hay democracia sin autoridad.” Además, elogió los ataques conjuntos en Ecuador como modelo y expresó su intención de que Colombia forme parte de la coalición latinoamericana recientemente creada para combatir los cárteles.
De La Espriella también respaldó los ataques estadounidenses a embarcaciones de narcotráfico que, según expertos legales, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales ilegales, y anunció que las fuerzas armadas colombianas estarían autorizadas a derribar aviones y embarcaciones implicados en el transporte de drogas frente a las costas nacionales.
Según Kevin Whitaker, exembajador estadounidense en Colombia, la administración Trump buscará un enfoque centrado en la acción militar, distanciándose de políticas previas que privilegiaban la aplicación de la ley y procedimientos judiciales. Durante más de dos décadas, Estados Unidos invirtió cerca de 15.000 millones de dólares en fortalecer las fuerzas armadas colombianas, adquirió equipamiento y apoyó la sustitución de cultivos ilícitos, logrando debilitar grupos guerrilleros vinculados al narcotráfico, aunque sin lograr una reducción significativa en la producción y el tráfico de cocaína, que continúa en niveles récord.
De La Espriella capitalizó el descontento de los colombianos frente al deterioro de la seguridad durante el gobierno de Petro, quien centró su política antidrogas en la incautación de estupefacientes y el fomento de cultivos legales, resistiéndose a implementar métodos más duros promovidos por Trump y enfrentando sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Entre las promesas de De La Espriella se encuentran la reanudación de la fumigación aérea con herbicidas contra la hoja de coca, una medida suspendida en 2015 por riesgos sanitarios y una prohibición judicial, así como un posible cambio en la política de extradición, priorizando la entrega a Estados Unidos de narcotraficantes de alto rango.
No obstante, Whitaker advirtió que enfocarse únicamente en los líderes del narcotráfico sin atacar las estructuras financieras detrás de estos grupos suele ser un remedio temporal que no afecta la organización en su conjunto.
Se prevé que Trump vuelva a certificar a Colombia como socio en el control de drogas, tras haber revocado dicha certificación en septiembre por primera vez en casi 30 años, lo que había puesto en riesgo millones de dólares en ayuda antidrogas y agravado las relaciones bilaterales. Además, se espera un mayor apoyo de inteligencia y operativo para el ejército colombiano, que enfrentó una alta rotación de personal en la administración saliente.
Aunque De La Espriella ha proclamado con gran énfasis un poder militar fortalecido con drones e inteligencia artificial, sus compromisos concretos
