MADE ROCK SITIO OFICIAL!
Miguel Ángel Calvete, lobbista vinculado a droguerías y laboratorios e identificado como uno de los integrantes de la “organización delictiva” que operaba dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negó a declarar este miércoles ante el fiscal Franco Picardi durante la indagatoria a la que fue citado. La audiencia se realizó de manera virtual debido a que Calvete se encuentra detenido por otra causa. Tras escuchar la imputación ampliada, que derivó en 35 nuevas citaciones, Calvete optó por no hacer declaraciones ni responder preguntas. Al igual que Diego Spagnuolo, tampoco presentó escrito alguno.
La fiscalía considera que el rol de Calvete fue central para articular la estructura de corrupción descubierta, según consta en el dictamen que motivó esta nueva convocatoria. Aunque no era funcionario de ANDIS, el empresario habría facilitado adjudicaciones ilegales y se habría beneficiado con retornos derivados de esas contrataciones.
Durante la audiencia de hoy se le atribuyeron nuevos hechos de corrupción; pese a ello, Calvete, quien ya está procesado en la primera etapa de la causa, decidió no declarar.
El fiscal Picardi señaló que se detectaron nuevas maniobras de corrupción coordinadas entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo, que implicaron un gasto aproximado de 75.478.149.019 pesos del erario público a favor de un grupo reducido de empresas.
Por su parte, Diego Spagnuolo, exfuncionario del gobierno libertario y abogado del presidente Javier Milei, también está procesado por corrupción relacionada con el desvío en la compra de medicamentos, coimas y otras maniobras irregulares.
Según la fiscalía, estas prácticas ilícitas se desarrollaron al menos desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, periodo en el cual funcionarios de ANDIS direccionaron intencionalmente múltiples procesos de compra de insumos de alto costo (llamados PACBI), favoreciendo adjudicaciones millonarias a amigos y allegados a cambio de retornos y dádivas.
Los nuevos hallazgos demuestran que más de veinte empresarios, a través de más de treinta firmas, integraron esta red delictiva, liderada desde el sector público por Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y desde el privado por Calvete y Pablo Atchabahian.
La investigación se centró inicialmente en 21 procesos de compra denominados “reducidos”, “chicos” o “especiales”, mediante los cuales se adquirieron miles de medicamentos por un valor aproximado de 30.337.220.919 pesos. Se constató un esquema ilegítimo que direccionaba las compras hacia empresas amigas, excluyendo deliberadamente a competidores y generando sobreprecios.
Además, el análisis del segmento de insumos auditivos reveló que las licitaciones y órdenes de compra seguían la misma dinámica: una competencia simulada entre firmas que operaban como fachadas de un mismo grupo económico, como se detectó en los estudios preliminares.
Nuevos datos obtenidos con el análisis del sistema SIIPFIS y otras evidencias revelaron la existencia de maniobras similares en otros insumos, similares a las detectadas en medicamentos y suministros específicos.
En palabras del fiscal Picardi, “además de las actividades ilícitas ya identificadas y de las personas imputadas, en esta instancia se detallan nuevas maniobras con la participación de procesados y llamados a indagatoria, así como de personas físicas y jurídicas previamente no identificadas”.
Se incorporaron 28 nuevas licitaciones relacionadas con insumos de alto costo y baja incidencia en ANDIS. Al igual que en las compras de medicamentos que provocaron los primeros procesamientos, se implementó un sistema cartelizado de licitaciones direccionadas, convocando repetidamente a un reducido grupo de empresas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo, que simulaban competencia cuando en realidad actuaban coordinadamente para asegurar adjudicaciones pactadas.
El juez Ariel Lijo sostuvo que este esquema implicó el manejo de información privilegiada sobre invitaciones, cotizaciones, órdenes de compra, pagos y exclusión de competidores, con intervención de particulares ajenos a la administración. Todo ello garantizó adjudicaciones sistemáticas a empresas predeterminadas, vulnerando los principios de transparencia, igualdad y competencia, y generando retornos indebidos para funcionarios y beneficios económicos para privados involucrados.
En este contexto, Calvete cumplió un papel clave, al impartir órdenes directas a funcionarios de ANDIS, como Spagnuolo y Garbellini, para influir en decisiones sobre contrataciones y manejo de recursos. Esto fue posible gracias a información privilegiada obtenida a través de sus vínculos con funcionarios, que le permitía coordinar facturaciones y distribuir beneficios económicos.
El fiscal indicó que Calvete intervenía directamente en la selección de empresas para las licitaciones y en la fijación de precios, eliminando la competencia real mediante acuerdos previos y el uso de oferentes “pantalla”.
Las compras investigadas incluyen prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros insumos. Estos insumos son gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de pobreza estructural sin cobertura médica específica.
El análisis detallado identificó 28 licitaciones para amputaciones, en las que se convocó a un máximo de seis empresas: Profarma; Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics; y Resposane Salud. En trece casos fueron invitadas cinco firmas y en quince, las seis mencion
